La desinformación, en todas sus formas, se ha convertido en un fenómeno preocupante que socava el debate público y afecta negativamente diversas áreas de la sociedad. Esta problemática, que abarca desde la salud y el medio ambiente hasta los procesos electorales y los derechos humanos, se ha intensificado en la era digital. A pesar de la proliferación de datos, nos enfrentamos a una crisis de confianza en las fuentes de información, exacerbada por la falta de jerarquización de estas fuentes y desafíos de sostenibilidad de los medios de comunicación.

Uno de los factores que contribuyen a la propagación de la desinformación es la lucha por la atención en el ciberespacio. Las plataformas digitales y algunos medios de comunicación están motivados por incentivos de negocio que favorecen la viralidad por encima de la veracidad. Las noticias falsas y los titulares sensacionalistas a menudo generan más atención e involucramiento que las noticias fundamentadas en hechos verificados. Esto crea un entorno en el que la desinformación se convierte en un activo comercial, lo que socava aún más la integridad de la información disponible.

La crisis de confianza en las instituciones gubernamentales, periodísticas y científicas también desempeña un papel importante en la propagación de la desinformación. Las personas, desencantadas con estas instituciones, a menudo recurren a fuentes no verificadas o sesgadas que refuerzan sus creencias preexistentes. Esta polarización de la información contribuye a la creación de una posverdad, donde los hechos se desdibujan y la verdad se convierte en un concepto relativo, subjetivo y moldeado por valores individuales*.

Nuestro objetivo es abordar la problemática de la desinformación a través del análisis cualitativo y con perspectiva latinoamericana. Nos enfocamos en analizar y caracterizar las distintas formas de desinformación presentes durante momentos clave, como protestas, crisis políticas, desastres naturales y procesos electorales, incluyendo la identificación de actores y comportamientos involucrados. Mediante la generación de informes con criterio propio y valor agregado, buscamos proporcionar información precisa y confiable sobre la desinformación en el ámbito digital, social y político, con el fin de informar y sensibilizar tanto a la sociedad civil como a los actores políticos y gubernamentales.

Además de la producción de informes, nuestra incidencia en desinformación también tiene como objetivo coordinar y colaborar con miembros de la sociedad civil, periodistas y otros actores relevantes. Buscamos establecer alianzas estratégicas y trabajar en conjunto para maximizar el impacto de nuestras acciones e impulsar un cambio positivo en la percepción y la respuesta a este fenómeno.

En un mundo en el que la información fluye a un ritmo vertiginoso y la brecha de desigualdad social continúa ampliándose, surgen preocupantes señales de escepticismo hacia el sistema democrático y sus instituciones. Esta desconfianza se ve exacerbada por la aparente incapacidad del sistema político para abordar de manera efectiva las necesidades de amplios sectores de la población. Como resultado, se ha vuelto común que actores políticos propongan soluciones que se presentan como simples, rápidas y “antisistema”, sin considerar las potenciales consecuencias negativas que el debilitamiento de instituciones clave podría tener para la garantía de derechos fundamentales.

Lo atractivo en las soluciones rápidas es su aparente eficacia inmediata para abordar problemas complejos y arraigados. Sin embargo, esta supuesta eficacia es superficial y suele pasar por alto las repercusiones a largo plazo. El debilitamiento de instituciones, como la separación de poderes o los mecanismos de control y equilibrio, puede abrir la puerta a abusos de poder y erosionar las protecciones de derechos fundamentales. Las soluciones “antisistema” pueden generar polarización y división en la sociedad, socavando la cohesión y la estabilidad.

Esta crisis de confianza en el sistema democrático nos insta a profundizar en el análisis de este fenómeno. Para comprender mejor las frustraciones que experimenta la ciudadanía, es crucial adaptar a la era digital los métodos de análisis social y político existentes y pensar nuevas herramientas.

Además, es esencial volver a priorizar la escucha directa de la voz de la ciudadanía, cuya capacidad de expresión e influencia se ve cada vez más limitada por varios factores. Uno de los más importantes es la falta de control sobre las herramientas digitales utilizadas en el debate público. La ciudadanía se encuentra con plataformas digitales en las que el consumo de información se ordena por criterios que no conocen y sobre los que casi no tiene injerencia, y que se edifican sobre políticas de diseño de producto que tratan de hacer prevalecer la interacción y permanencia en el uso por encima de la calidad de la información o el diálogo.

Otros factores limitantes de la participación pueden encontrarse en la desvinculación entre los intereses y problemáticas de la ciudadanía y algunas de las instituciones del sistema político (como los entes del Estado y los partidos políticos tradicionales) que, por diversas razones, encuentran dificultades para lograr una relación de conexión y representación.

En este contexto, se hace evidente que las narrativas antidemocráticas representan una amenaza significativa para el debate público y la integridad democrática. Estas narrativas no sólo se propagan de manera amplia en las redes sociales y otros espacios en línea, sino que también parecen ganar aceptación de forma “orgánica”, sin necesidad de esfuerzos de manipulación técnica muy elaborados, aunque a menudo involucran estrategias de propagación coordinada, ya sea orgánica o automatizada. Por lo tanto, es fundamental abordar estas narrativas como parte central de nuestros esfuerzos para comprender y enfrentar los desafíos que ponen en peligro la democracia y los derechos humanos en el ámbito digital.

En los últimos años, hemos observado un aumento alarmante en discursos agresivos, discriminatorios e incluso de odio en los espacios digitales, dirigidos hacia comunidades vulnerables y subrepresentadas. Esta peligrosa tendencia ha surgido en un contexto en el que se cuestiona la relevancia y la efectividad de los derechos fundamentales, especialmente en relación con los avances logrados en beneficio de grupos históricamente desfavorecidos, como el colectivo LGBTIQ, personas con discapacidad y personas racializadas, entre otros.

La crisis del ejercicio de los derechos, a menudo vinculada a crisis económicas y sociales, ha contribuido a la creación de una falsa dicotomía. Se ha planteado la idea de que debemos elegir entre derechos básicos, como el derecho a la alimentación, la vivienda, la salud y la seguridad, y los derechos que buscan poner fin a la discriminación de poblaciones vulnerables. Sin embargo, es fundamental comprender que los derechos humanos son progresivos y están intrínsecamente conectados. Su efectividad se basa en la interdependencia entre ellos, y no en sacrificar unos en favor de otros.

Por ejemplo, el acceso a la educación (un derecho) puede influir en la capacidad de una persona para ejercer su derecho al trabajo y, a su vez, en su derecho a un nivel de vida adecuado. Esta interdependencia significa que la realización plena de un derecho a menudo depende de la realización de otros derechos.

Los derechos humanos, como dijimos, son progresivos. Esto significa que están diseñados para promover una mejora constante en las condiciones de vida y la realización personal y social de las personas. Los Estados tienen la responsabilidad de avanzar hacia una mayor protección y realización de los derechos con el correr del tiempo. Por ejemplo, a medida que la sociedad evoluciona, se espera que se adopten medidas adicionales para garantizar la igualdad y eliminar la discriminación.

La crisis en la confianza de las instituciones encargadas de salvaguardar estos derechos ha agravado la situación. Esta crisis de confianza puede atribuirse a una serie de factores, como la corrupción, la falta de rendición de cuentas y la percepción de que las instituciones no están abordando de manera efectiva los desafíos sociales y económicos. Ante esta realidad, discursos agresivos y discriminatorios encuentran un terreno fértil para desarrollarse, ayudados por la tribalización de los espacios privatizados de conversación pública en línea que, con sus incentivos, han exacerbado aún más este problema al dividir a la sociedad y promover la polarización.

Todo eso marca la imperiosa necesidad de desarrollar soluciones que permitan nuevos diagnósticos del problema y propongan soluciones para promover la cohesión social.